La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, denegó el pedido del gobierno de Javier Milei para suspender la orden de entregar el 51 % de las acciones estatales de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. Preska acusó a Argentina de emplear tácticas dilatorias, argumentando que cualquier posible “daño irreparable” surge de su propia demora en cumplir el fallo original .
Aunque la jueza concedió un breve plazo hasta el 17 de julio para permitir que la apelación avance en el Segundo Circuito, la orden de traspaso permanece vigente . Argentina sostiene que no existe una vía legal para una cesión inmediata sin una ley del Congreso, remarcando que la sede de las acciones en la Caja de Valores impide la ejecución directa de la orden .
Este revés no solo aviva tensiones legales, sino que también plantea una encrucijada política: el país debe equilibrar soberanía energética —YPF controla recursos clave como Vaca Muerta— frente a un tribunal extranjero, además de gestionar el peso de una sentencia de 16 000 millones USD . Con controles de capital y reservas muy ajustadas, el gobierno de Milei busca ganar tiempo apelando incluso al respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. .
El impacto en la economía es inmediato: la incertidumbre afecta el valor de YPF, los bonos argentinos y la percepción de riesgo soberano. Más allá de los litigios, la negativa de Preska apunta a un choque entre jurisdicción judicial internacional, soberanía nacional y la función del Congreso para autorizar decisiones estratégicas.
