Un consorcio de importantes compañías eléctricas españolas, incluyendo a Endesa e Iberdrola, está reclamando al gobierno la devolución de 778 millones de euros en concepto de una tasa que consideran excesiva para la gestión de residuos nucleares. Esta acción legal, dirigida contra la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), pone en jaque la viabilidad financiera de las operaciones nucleares y genera un considerable debate sobre el costo de la transición energética en España.
Las empresas argumentan que la contribución impuesta para la financiación de la gestión del combustible gastado y el desmantelamiento de las centrales es desproporcionada. Esta tasa alimenta la «hucha nuclear», un fondo crucial diseñado para cubrir los futuros gastos asociados al cierre y la eliminación segura de los residuos. Sin embargo, las eléctricas sostienen que la tarifa actual sobrepasa las necesidades reales y compromete la rentabilidad de sus operaciones, a pesar de que la energía nuclear sigue siendo una fuente clave de electricidad base en el país.
La disputa no solo afecta las finanzas de las compañías, sino que también genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del plan de cierre nuclear y su impacto en las facturas de electricidad de los consumidores. Un mayor costo para las empresas podría traducirse en tarifas más elevadas o en una desaceleración de inversiones. Este conflicto financiero subraya la complejidad de gestionar una infraestructura energética que transita hacia un modelo más verde, donde los costes de desmantelamiento y la viabilidad económica deben ser cuidadosamente equilibrados.
