Desde el jueves 17 de julio de 2025, México opera bajo dos marcos legales simultáneos en telecomunicaciones: la recién promulgada Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) y la Ley Federal de 2013 (LFTR), la cual seguirá vigente hasta que se conforme la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —sin fecha definida—. Este escenario dual, que afecta a sectores que contribuyen con 4 % del PIB y generan cerca de 309 000 empleos, abre debates sobre el respaldo jurídico y operacional de concesionarios e instituciones .
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, han defendido que la LMTR no habilita espionaje ni censura: aclaran que la obligación de operadores de colaborar con autoridades permanece igual y requiere orden judicial En conferencia, enfatizaron que no se contempla ningún mecanismo para acceso directo a datos ni bloqueos arbitrarios .
A pesar de estas garantías, expertos y organizaciones civiles advierten que algunos artículos —como el 109 sobre bloqueo de plataformas— carecen de definiciones claras y podrían facilitar censura bajo pretextos como seguridad nacional o evasión fiscal . Además, se cuestiona la disolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en favor de una Agencia absorbente, lo que intensifica las sospechas sobre la centralización del control sobre el espectro .
En síntesis, aunque la nueva ley busca ampliar la cobertura y reordenar el sector, su implementación fragmentada y la falta de contrapesos institucionales generan dudas sobre la protección de derechos digitales y la autonomía regulatoria.
