La economía informal en México continúa siendo un desafío estructural, albergando a aproximadamente 33 millones de personas. Esta cifra alarmante, señalada por la Iniciativa Privada (IP), pone de manifiesto cómo los altos costos laborales asociados a la formalidad actúan como un potente incentivo para que empresas y trabajadores operen fuera del marco legal. La magnitud de la informalidad no solo afecta los ingresos fiscales, sino también la protección social y los derechos de los trabajadores.
La IP ha advertido que el elevado costo de las prestaciones, impuestos y regulaciones que implica tener un empleo formal desincentiva la creación de puestos de trabajo registrados. Para muchas pequeñas y medianas empresas, así como para emprendedores individuales, operar en la informalidad representa una forma de subsistir y mantener bajos sus costos operativos, a costa de beneficios como la seguridad social, el acceso a créditos y la estabilidad laboral para sus empleados.
La persistencia de 33 millones de personas en la informalidad es un obstáculo significativo para el desarrollo económico y social de México. Esta situación perpetúa la precariedad laboral y reduce la base de contribuyentes, limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Urge la implementación de políticas que no solo incentiven la formalización, sino que también reduzcan la carga regulatoria y fiscal para las empresas, y brinden a los trabajadores informales un camino claro hacia la protección y los beneficios del empleo formal.
