La crisis financiera que atraviesa Petróleos Mexicanos (Pemex) ha alcanzado un punto crítico. Con una deuda estimada de más de 21,000 millones de dólares con contratistas y proveedores, la petrolera estatal enfrenta una parálisis operativa que se extiende por sus principales proyectos de infraestructura y exploración.
De acuerdo con un reporte de El Economista, varias obras clave han sido suspendidas o ralentizadas severamente debido a la falta de pagos. Empresas proveedoras, algunas de ellas pequeñas y medianas, han comenzado a retirarse de los contratos o a reducir sus operaciones por falta de liquidez. Esto ha generado un efecto dominó en la cadena de valor, impactando empleo, tiempos de entrega y expectativas de inversión.
En tanto, El País documenta que la deuda arrastrada incluye facturas sin cobrar desde hace más de un año, lo que ha llevado a que algunas compañías enfrenten quiebras técnicas o recurran a despidos masivos. A pesar de la gravedad del problema, la petrolera ha mostrado poca capacidad de respuesta institucional, y los mecanismos de conciliación o arbitraje han resultado ineficaces o lentos.
Especialistas advierten que esta situación no solo pone en riesgo la viabilidad de numerosos proyectos energéticos —como refinerías, ductos y plataformas— sino también la reputación crediticia de Pemex y del Estado mexicano. El impago prolongado podría derivar en litigios internacionales y pérdida de confianza para futuras asociaciones estratégicas.
La crisis evidencia una falta de planeación financiera, escasa transparencia y una gestión operativa que sigue sin reformarse de fondo, a pesar del discurso oficial de rescate y fortalecimiento de la empresa productiva del Estado.
