Este 24 de septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la primera Casa de Gobierno en la alcaldía Coyoacán, en el predio de la antigua planta de bombeo de Xotepingo, con el propósito de descentralizar la administración capitalina y fortalecer la atención directa a la ciudadanía.
Para este piloto se ha destinado una inversión que suma históricamente 3,000 millones de pesos, destinados a adecuaciones, equipamiento y despliegue de personal operativo. Bajo este modelo, cada alcaldía contará con cuadrillas —más de 160 por sitio— y módulos fijos para gestionar trámites locales como actas civiles, regularización de predios e infraestructura urbana.
Brugada enmarcó este proyecto como el inicio de una “nueva etapa” hacia un gobierno territorializado, capaz de hacer “visible al gobierno en cada rincón”. El gobernador de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, celebró la apertura como un avance de la coordinación intergubernamental.
Sin embargo, el anuncio también plantea interrogantes críticos. Aunque estos espacios pueden agilizar la atención local, su viabilidad dependerá de mecanismos de supervisión, asignación presupuestal sostenible y eficacia real frente al burocratismo. La retórica descentralizadora podría quedarse en superficie si no se garantiza empoderamiento real de los módulos y responsabilidad presupuestal. La Casa de Gobierno en Coyoacán es sólo el primer paso; su replicabilidad y funcionamiento auténtico determinarán si este proyecto puede convertirse en un cambio estructural o solo un símbolo mediático.
