En la Generalitat de Cataluña, el grupo Comuns ha reafirmado su veto actual a iniciar el debate de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, argumentando que aún no se han cumplido compromisos esenciales contemplados en el pacto de investidura suscrito con el Govern liderado por Salvador Illa. La líder parlamentaria, Jéssica Albiach, reclamó que ciertos acuerdos en materia de vivienda —como el registro de grandes tenedores o la creación de una unidad contra desahucios— no se han materializado con la velocidad esperada.
Aunque existen avances parciales —como la expansión del parque público de alquiler y la aprobación de impuestos sobre grandes tenedores— los Comuns los consideran insuficientes para legitimar un diálogo presupuestario serio. Albiach anunció que evaluarán los progresos en tres semanas antes de dar luz verde a la negociación.
El contexto presupuestario catalán es tenso: el Govern aprobó un techo de gasto de 40,524 millones de euros, con un incremento del 7.1 % respecto al modelo previo, pero no ha iniciado aún las conversaciones con sus socios. Tanto Comuns como ERC han presionado para que primero se concreten las políticas estructurales y luego arranquen los debates financieros.
El episodio evidencia la fragilidad de las alianzas de gobernabilidad: la obtención del voto de los Comuns es indispensable para aprobar las cuentas, pero sus condiciones podrían frustrar la hoja de ruta del gobierno. Si las exigencias no se atienden, podría repetirse el escenario de años anteriores con presupuestos prorrogados, lo que limita la ejecución de políticas públicas e inversiones clave.
