El presidente venezolano Nicolás Maduro emitió un decreto de “conmoción exterior” que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo por 90 días, prorrogables, para responder a lo que califica como amenazas o agresión militar de Estados Unidos. Con esta medida, el gobierno podrá desplegar fuerzas armadas para controlar servicios públicos, asumir industrias estratégicas y cerrar fronteras.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta, explicó que el decreto habilita el uso de milicias —hasta 4.5 millones de ciudadanos en teoría registrados— y permite que el Estado interceda militarmente en infraestructura crítica e institucional. Maduro justificó la decisión bajo el discurso de defensa nacional: dijo que “Venezuela jamás será humillada por ningún imperio” y llamó a la movilización de la ciudadanía en defensa de la soberanía.
Aunque el decreto se sustenta en mecanismos constitucionales de excepción contemplados en la ley venezolana, su uso plantea riesgos políticos y constitucionales. En la práctica, el Ejecutivo ya controla ampliamente los poderes públicos, lo que reduce las posibilidades reales de equilibrio institucional frente a una expansión autoritaria. El argumento de “agresión extranjera” ofrece un marco justificatorio para intensificar controles internos bajo la cobertura de seguridad nacional.
Más allá de la retórica, la medida debe verse en su contexto: tensiones diplomáticas crecientes con Estados Unidos, sanciones económicas vigentes y un escenario de polarización interna profundo. El nuevo estado de excepción no solo redefine poderes gubernamentales, sino que también podría profundizar el aislamiento internacional y aumentar riesgos de represión política.
