Si de algo han presumido los gobiernos de la Cuarta Transformación, primero el de López Obrador y ahora el de Sheinbaum, es de la austeridad. Austeridad que, para ser muy francos, no se ve por ningún lado. Comencemos con un dato: en 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, el gasto total del sector público federal fue de 5.8 millones de millones de pesos. Para el año entrante se prevé un gasto total de 10.1 millones de millones de pesos, lo que significa un incremento del 74.1% respecto a 2018. Es decir, en el octavo año de la Cuarta Transformación, los seis de López Obrador y los dos primeros de Sheinbaum, el gasto total del sector público federal habrá crecido 74.1%. ¿Austeridad?
Ahora bien, no sé si alguien realmente cree que de un mayor gasto gubernamental depende un mayor crecimiento económico, más empleos, más ingresos o mayor bienestar para las personas. Esa creencia está totalmente infundada. Si el crecimiento, el empleo y el bienestar dependieran del gasto público, hoy la economía mexicana estaría creciendo a tasas del 10%, la creación de empleos sería el doble, la generación de ingresos sería tres veces mayor y el bienestar alcanzaría niveles históricos. Pero nada de eso está ocurriendo.
Otro dato preocupante tiene que ver con cómo se distribuye el gasto del sector público federal. En 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, solo el 9.8% del gasto total se destinó a financiar las tareas propias del gobierno: la seguridad y la impartición de justicia. Para el año entrante, 2026, se prevé que ese porcentaje sea apenas del 4.6%. Si el Congreso aprueba lo que el Ejecutivo propuso en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, apenas el 4.6% del gasto público se destinará a financiar la tarea más básica del Estado: garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia.
Y si la situación del país en esas materias fuera buena, podría justificarse ese recorte. Pero no estamos bien. No estamos mal: estamos muy mal. Y que, ante ese panorama, se pretenda destinar solo el 4.6% del total del gasto a esas funciones, debería preocuparnos a todos.
En cambio, a lo que el gobierno llama “desarrollo social”, es decir, a financiar programas sociales que no son otra cosa que redistribución del ingreso —quitarle a unos para darle a otros—, se le destinará cada vez más dinero. En 2018, el 62.6% del gasto total se asignó a desarrollo social. Para el año entrante, ese porcentaje subirá a 70.9%. Dicho de otra forma: de cada 100 pesos que el gobierno pretende gastar en 2026, 71 se destinarán a programas sociales. Una auténtica barbaridad. Esto confirma que hoy gobernar se ha convertido en sinónimo de redistribuir, de quitarle a unos para darle a otros.
El tercer gran bloque de gasto es el del desarrollo económico, compuesto por las inversiones del gobierno para producir bienes y servicios, crear empleos y generar ingresos, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Felipe Ángeles. La gran pregunta con relación a todas esas inversiones es si van a ser rentables. Hasta ahora, ninguna de ellas lo es. Ni el Tren Maya, que opera por debajo de lo proyectado; ni Dos Bocas, que no produce lo que debería; ni el Aeropuerto Felipe Ángeles, que sigue muy lejos de ser autosuficiente. En 2018, el 27.6% del gasto total del sector público federal se destinó a este rubro. Para el año entrante, bajará a 24.4%.
Y hay que decirlo claramente: todo gasto que el gobierno destine a lo que se conoce como desarrollo social o económico es un gasto que va a financiar tareas que legítimamente no le corresponden. Mientras tanto, los temas que sí son su responsabilidad, como la seguridad y la justicia, quedan cada vez más rezagados.
Por si fuera poco, hay que considerar otro dato revelador. A los 16 programas sociales prioritarios del gobierno se destinarán el próximo año 987 mil 160 millones de pesos. En contraste, los programas prioritarios de inversión recibirán apenas 536 mil 806 millones de pesos. Esto quiere decir que los programas sociales recibirán 45.6% más recursos que los proyectos de inversión.
En resumen, el gobierno gasta de más, gasta donde no debe y, lo que es peor, gasta mal. Se presume una austeridad que no existe, se impulsa un gasto creciente que no genera desarrollo y se sigue apostando por el asistencialismo como si fuera política económica. Así, el país se endeuda, se debilita y se estanca. Hasta aquí este primer análisis. Ya vendrán otros sobre las pretensiones de gasto del gobierno para 2026.
