Pequeños comerciantes agrupados en la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) manifestaron su rechazo al llamado “impuesto saludable” previsto en el Paquete Económico 2026. Argumentan que dicha carga fiscal —específicamente aumentos al IEPS sobre bebidas saborizadas, “light” y cigarrillos— podría afectar severamente a unos 60,000 establecimientos y derivar en la pérdida de hasta 120,000 empleos autogenerados.
En una protesta afuera de la Cámara de Diputados, su dirigente Cuauhtémoc Rivera sostuvo que aunque se etiquete como política de salud, el impuesto tiene un carácter recaudatorio. Afirmó que en 11 años de aplicación de impuestos similares no se ha demostrado una disminución sustancial en enfermedades crónicas ni se ha transparentado el destino del gasto recaudado. Además, cuestionó que este tipo de medidas encarecen los productos al consumidor final y favorecen el contrabando, particularmente en el caso de los cigarrillos.
Las críticas también apuntan a la falta de evidencia de que estos gravámenes modifiquen hábitos de consumo: según los comerciantes, las medidas anteriores no lograron desplazar el consumo de refrescos ni productos azucarados. Durante la manifestación, los afectados solicitaron a los legisladores que reconsideren la propuesta y eviten presionar aún más a micro y pequeñas unidades económicas.
Este escenario pone en tensión los objetivos de salud pública con los riesgos para la economía informal. El debate ahora se orienta a encontrar un punto de equilibrio que no sacrifica empleo ni genera efectos adversos no intencionales.
