Durante una audiencia pública en Sonora de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el objetivo central de la reforma impulsada por el gobierno es reducir el costo de las elecciones, sin poner en riesgo los “principios fundamentales” de la democracia.
Rodríguez enfatizó que no existe aún una propuesta formal de iniciativa, puesto que la elaboración normativa se realizará con la participación de múltiples sectores sociales, políticos y ciudadanos. Argumentó que el sistema electoral actual representa una carga elevada para las finanzas públicas, y que la reforma debe buscar mayor eficiencia, transparencia y representatividad.
Para la funcionaria, la transformación debe garantizar los principios de transparencia, legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza, evitando que la contención de costos degrade la calidad democrática. El mensaje fue acompañado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. No obstante, el discurso enfrenta retos. La tensión entre eficiencia y derechos electorales es alta: cualquier recorte presupuestal o reconfiguración institucional podría generar debilidades en la vigilancia, en el acceso equitativo y en la operatividad misma de los procesos. El verdadero desafío será lograr una reforma que reduzca costos sin que se convierta en una vía para limitar la pluralidad o debilitar los mecanismos de control.
