La organización México Evalúa advirtió que la próxima implementación de la CURP biométrica, a partir del 16 de octubre de 2025, conlleva graves riesgos al consolidar un modelo de identidad digital que carece de estándares internacionales adecuados de protección de datos.
Este nuevo esquema incorporará huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía facial y firma electrónica, bajo la administración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo). México Evalúa señala que el sistema no cumple con criterios promovidos por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre ellos transparencia, auditoría independiente y consentimiento informado.
Una de las mayores preocupaciones es que, tras la extinción del INAI en marzo de 2025, no existe ya una autoridad experta e independiente encargada de proteger la privacidad de los ciudadanos frente al uso estatal de la información biométrica. En su lugar, los tribunales en Aguascalientes son los encargados de conocer amparos en esta materia, lo cual podría generar cuellos de botella judiciales e incertidumbres en el control de estos derechos.
México Evalúa propone una serie de reformas para mitigar estos riesgos: crear un nuevo organismo de protección de datos personales, restablecer contrapesos institucionales con mecanismos auditables, implementar transparencia en el uso de datos biométricos y garantizar que el uso de la CURP biométrica sea voluntario, revocable y sujeto a control ciudadano.
Este debate trasciende lo técnico: es una decisión política sobre cómo se construirá la identidad digital del país y bajo qué condiciones el Estado podrá acceder a información sensible. La ausencia de reglas claras y supervisión rigurosa podría poner en riesgo derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos y la autonomía individual.
