La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció que analizará la autenticidad de los documentos que ligan al primer detenido en el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, dirigente de productores de limón, con la organización que encabezaba.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, indicó que mantienen abiertas varias líneas de investigación, y subrayó que no se debe adelantar un juicio sobre los vínculos del detenido con el ramo limonero sin que se confirme documentalmente la conexión.
Por otro lado, a nivel federal, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó una segunda aprehensión por el mismo caso y advirtió que las acciones en la región de Tierra Caliente se ampliarán hasta lograr detener a todos los responsables.
El crimen ha generado alarma: el cuerpo de Bravo Manríquez fue encontrado dentro de su vehículo con huellas de tortura y sin pertenencias, lo que sugiere una ejecución con fines de escarmiento y una posible infiltración del crimen organizado en las organizaciones agrícolas locales.
La familia del líder limonero, que había denunciado extorsiones al gremio, aún no tenía denuncias formales ante la FGE al momento del homicidio, lo que evidencia deficiencias en los mecanismos de protección para quienes se atreven a denunciar.
Este contexto pone en evidencia la fragilidad institucional y la urgencia de una estrategia eficaz para garantizar que los defensores del campo puedan actuar sin riesgo de represalias. El caso amplifica cuán vulnerable sigue siendo el sector agrario ante la impunidad y el control criminal en ciertas zonas productivas del país.
