Entre el 1 de enero de 2007 y el 26 de octubre de 2025, se han registrado aproximadamente 14 500 casos de personas desaparecidas en el Estado de México y 14 263 en el estado de Jalisco.
En conjunto, ambos estados concentran casi el 44.3 % de las desapariciones que se distribuyen en cinco entidades del país, según el informe de la Red Lupa.
Las causas que explican estos números tan elevados incluyen:
- Violencia vinculada al crimen organizado y desapariciones forzadas.
- Fallas institucionales en la búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas.
- Factores sociales como la vulnerabilidad de los jóvenes (en Jalisco, por ejemplo, la mayoría de las víctimas son hombres entre 20 y 39 años).
Desde una perspectiva crítica, estos datos plantean dos desafíos clave:
- La magnitud de la cifra indica que el fenómeno es estructural y no extraordinario. Superar los 100 000 casos a nivel nacional revela una crisis que afecta a múltiples estados, sistemas y políticas.
- La concentración territorial —en entidades como Jalisco y Estado de México— sugiere que la respuesta debe priorizar regiones específicas con mayor incidencia, pero también requiere coordinación inter-estatal e integración federal para atender los flujos y dinámicas delictivas.
En conclusión, el hecho de que dos estados concentren casi la mitad de los casos de desapariciones en el país abre la puerta a preguntas urgentes sobre dónde fallan las políticas de prevención, búsqueda y justicia, y qué medidas estructurales se requieren para desarticular las redes de desaparición, proteger a los grupos más vulnerables y garantizar que las personas localizadas recuperen su vida o reciban reparación adecuada.
