En la tarde del sábado 1 de noviembre, un incendio originado en una sucursal de Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, resultó en el deceso de 23 personas, de las cuales 21 ya fueron identificadas por sus familiares y entregadas oficialmente.
Las autoridades estatales informaron que cinco personas ingresadas a hospitales permanecen internadas; dos de ellas —una mujer de 20 años y un hombre de 81— están en condición crítica.
La hipótesis preliminar señala que el siniestro derivó de la explosión de un transformador privado ubicado en el interior del local, seguido por la propagación de gases tóxicos que provocaron la mayoría de las muertes.
Pero más allá del infortunado hecho, el caso revela fallas estructurales y de supervisión: la instalación no contaba con un programa interno de protección civil vigente desde 2021, lo que agrava las responsabilidades administrativas y legales.
La empresa Waldo’s anunció que colaborará con las investigaciones y que se llevó a cabo el cierre temporal de las 68 sucursales de la cadena en Sonora para efectuar revisiones de seguridad exhaustivas.
La tragedia pone sobre la mesa la necesidad de revisar con rigor las condiciones de operación de espacios comerciales, particularmente en materia de prevención de riesgos eléctricos y planes de evacuación, para evitar que se repitan calamidades de esta magnitud.
