La CONCAMIN y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) hicieron un llamado urgente para que tanto las autoridades federales como los grupos que bloquean vías férreas pongan fin a las interrupciones en el transporte ferroviario.
El foco de la protesta se localiza en Guanajuato, donde cinco tramos de vía permanecen detenidos, lo que afecta a más de 30 trenes y a más de 251 000 toneladas de mercancías varadas —equivalente a aproximadamente 9 000 camiones— según el reporte de las organizaciones.
Las interrupciones tienen consecuencias económicas significativas: además de la incertidumbre para los usuarios del ferrocarril, se advierte un impacto en las cadenas logísticas que abarcan insumos agrícolas, automotriz, contenedores marítimos (por ejemplo, en el puerto de Manzanillo ya se ve reflejado el paro) y otros sectores críticos.
- La queja de CONCAMIN/AMF muestra que los bloqueos ferroviarios no son un problema aislado, sino que se insertan en el ecosistema logístico-productivo del país; cuando se paraliza un tramo, se afectan muchas actividades económicas.
- Si bien debe garantizarse el derecho a la manifestación o protesta, el uso sistemático de las vías como mecanismo de presión genera un riesgo sistémico para la economía nacional y la inversión.
- La solución no parece únicamente técnica, sino también política e institucional: se requiere un mecanismo eficaz para mediar con los grupos que bloquean, para atender sus demandas de fondo, y al mismo tiempo para restaurar el libre tránsito sin que se convierta en precedente recurrente.
- A largo plazo, este tipo de eventos debilita la confianza de los inversionistas en la logística mexicana y podría obstaculizar la adopción de modelos ferroviarios más robustos, lo cual choca con los objetivos de expansión de carga y conectividad ferroviaria que tiene el país.
