El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia dio a conocer un proyecto de decreto que planea elevar los gravámenes ad valorem sobre la importación de vehículos de pasajeros propulsados por gasolina o diésel hasta el 40 %, frente al arancel actual de aproximadamente el 35 %. Al mismo tiempo, las motocicletas de combustión verían un arancel de hasta 35 %, superando el rango actual de 15 % a 30 %.
La justificación oficial señala que la medida es parte de la “Política Nacional de Reindustrialización”, orientada a diversificar y sofisticar la matriz productiva del país, fomentar la producción local y combatir la entrada de tecnologías más contaminantes.
- La medida representa una protección más fuerte para la industria automotriz local, pero también podría trasladarse directamente al consumidor mediante precios más altos en automóviles importados, lo que puede afectar la accesibilidad.
- Si bien el argumento de reindustrialización y transición verde es comprensible, el impacto dependerá de que Colombia ofrezca alternativas competitivas de producción local o importación de vehículos eléctricos, así como infraestructura de carga y cadena de valor nacional.
- No todos los vehículos se verán impactados: el decreto apunta a importaciones de países sin Tratado de Libre Comercio (TLC). Esto implica que las ventajas arancelarias quedarán para los que tienen convenios preferenciales, lo cual crea una división en los precios de importados según origen.
- La industria nacional podría beneficiarse si logra elevar producción y empleo, pero la transición abrupta también puede generar efectos adversos como menor rotación de parque vehicular, desaceleración de ventas y potencial para el mercado informal.
