Ya se aprobó en el Congreso de la Unión lo que se conoce como el paquete económico, integrado fundamentalmente por el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2026. La información es tan amplia que podríamos pasar horas analizándola con detalle. Pero como no hay tanto tiempo, conviene concentrarse en lo más grave del paquete económico.
Primero, el nivel de gasto que tendrá el sector público federal el próximo año. Para el 2026 se aprobó un gasto total de 10.2 millones de millones de pesos, cifra que representa lo que el gobierno federal pretende ejercer el año entrante.
Para dimensionar este monto, vale recordar que en 2018, último año del gobierno de Peña Nieto y punto de partida de la llamada Cuarta Transformación, el gasto total fue de 5.3 millones de millones de pesos. Ocho años después, la cifra casi se duplica: 10.2 millones de millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 92% respecto a 2018.
Con ello se mantiene una tendencia que viene observándose desde varios sexenios: cada año el gobierno gasta más que el anterior, como si de un mayor gasto dependiera un mayor crecimiento económico o un mayor bienestar para las personas. Y eso, evidentemente, no es cierto.
Durante el sexenio de Peña Nieto, la economía mexicana creció, en promedio anual, 2.4%. Un resultado que ya dejaba mucho que desear. Pero durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento promedio anual fue de apenas 1.05%. Es decir, el gobierno gastó más, se endeudó más y creció menos.
Más gasto, más deuda, menos crecimiento. La pregunta es inevitable: ¿para qué sirve un mayor gasto del gobierno? ¿A quién beneficia? ¿Y para qué sirve un mayor endeudamiento del sector público federal?
De acuerdo con el paquete económico aprobado, de los 10.2 millones de millones de pesos que el gobierno ejercerá en 2026, solo 4.6% se destinará a financiar las tareas propias e irrenunciables del Estado, es decir, garantizar la seguridad de los ciudadanos y procurar e impartir justicia.
Solo 4.6% del total del gasto irá a esas dos funciones fundamentales. En contraste, 70.9% se dirigirá al rubro de “desarrollo social”, que no es otra cosa que redistribución del ingreso: el gobierno quitándole a unos, vía impuestos, para darle a otros a través de programas sociales. Programas que, en buena medida, tienen una clara intención política y electoral.
El restante 24.4% se destinará a “desarrollo económico”, es decir, a las inversiones que el gobierno considera productivas —aunque habría que ver si realmente lo son—. Ahí entran, por ejemplo, las inversiones en el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero la pregunta no es cuánto invertirá el gobierno, sino si esas inversiones serán realmente rentables.
Lo que resulta verdaderamente alarmante es que solo 4.6% del gasto público se destinará a financiar las funciones esenciales del Estado: garantizar la seguridad y aplicar la justicia. No sorprende, entonces, la ineficacia gubernamental en esas áreas: probablemente no se es eficiente porque no se destina el dinero suficiente a cumplir esas responsabilidades.
Y recursos hay, pero mal distribuidos. Si se recortara el gasto en desarrollo social o el gasto en desarrollo económico, podrían incrementarse los recursos destinados a la seguridad y a la justicia. Pero no parece ser la prioridad del actual gobierno.
A esto se suma otro dato preocupante: el endeudamiento. En 2018, la deuda total del sector público federal, tanto en pesos como en moneda extranjera, fue de 10.8 millones de millones de pesos. Para 2026, ascenderá a 20.3 millones de millones de pesos, un incremento del 88% en apenas ocho años —los seis de López Obrador y los dos primeros de Claudia Sheinbaum—.
Para decirlo claramente: es una enorme irresponsabilidad. ¿Quién será capaz de ponerle un freno a este endeudamiento creciente que ha caracterizado los primeros ocho años de la Cuarta Transformación?
Ahí están los dos datos más preocupantes: el nivel de gasto total aprobado para 2026 y el brutal aumento de la deuda pública respecto a 2018. Ambos reflejan un gobierno que gasta más, se endeuda más y rinde menos, y una aprobación legislativa que, en términos generales, resulta muy, pero muy irresponsable
