La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una prórroga de 15 años para que las empresas mixtas Boquerón S.A. y Petroperijá S.A., conformadas entre la estatal PDVSA y una filial rusa de Roszarubezhneft, continúen operando hasta el año 2041.
Estos yacimientos petroleros, ubicados en la región occidental del país, tienen como objetivo producir aproximadamente 91 millones de barriles de crudo (equivalente a unos 16,600 barriles por día), según los legisladores. La operación contará con una inversión estimada de 616 millones de dólares para mantener y expandir la producción.
El acuerdo fue firmado entre PDVSA y Petromost, filial de Roszarubezhneft, una empresa rusa controlada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. No obstante, tanto PDVSA como sus socios rusos están sujetos a sanciones por parte de Estados Unidos, lo que agrega un componente geopolítico complejo a esta extensión.
Desde una perspectiva estratégica, la prórroga refuerza la alianza energética entre Moscú y Caracas, permitiendo continuar la explotación compartida de recursos clave. Sin embargo, también plantea riesgos: depender de infraestructura envejecida y operar bajo sanciones limitan los mecanismos de financiamiento y exportación, lo que podría frenar el crecimiento proyectado.
