El debate en torno a la iniciativa del Gobierno para imponer aranceles elevados a productos provenientes de países con los que México no tiene Tratado de Libre Comercio (TLC) —como China— ha generado grietas en el mundo empresarial nacional.
Para sectores como el automotriz, siderúrgico y de autopartes, la medida puede ser una tabla de salvación. Organismos como Concamin defienden la “protección” de industrias que consideran vulnerables ante importaciones masivas. Abogan por aplicar lo que llaman un “semáforo arancelario” que distinga entre fracciones que México puede producir en volúmenes suficientes —que toleren arancel— y aquellas cuya cadena productiva interna no cubre la demanda. Sectores como el de autopartes, que dependen del mercado interno y la manufactura nacional, han respaldado gravámenes argumentando que aumentan la inversión local y defienden empleos.
Sin embargo, la postura opuesta alerta sobre los efectos adversos. Comerciantes y empresas que dependen de insumos importados señalan que la medida podría disparar los costos de producción, provocar desabasto o encarecer bienes de consumo. Especialistas advierten además que, al aumentar el costo de autos, electrodomésticos, materias primas y otros bienes, se podría generar inflación, afectando al consumidor final y reduciendo la competitividad global de las empresas mexicanas.
En la mesa legislativa, diversos sectores han pedido que la revisión de los aranceles no sea general ni automática: plantean que cada fracción debe evaluarse, con reglas claras que protejan la industria sin vulnerar el abastecimiento interno ni las cadenas productivas que dependen de insumos importados.
El resultado: un panorama fragmentado, donde algunas industrias celebran lo que ven como una vuelta al proteccionismo inteligente; otras, temen que el proteccionismo derive en encarecimiento, pérdida de competitividad y riesgos de inflación.
