El gobierno de Francia, bajo la presión directa de su poderoso lobby agrícola y en un contexto de creciente malestar rural, ha intensificado su bloqueo político y económico a la ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. La postura del presidente Emmanuel Macron es clara: el acuerdo, tal como está redactado, es inaceptable porque expondría a los agricultores franceses a una competencia desleal.
La crítica central se enfoca en la asimetría regulatoria. Los productores franceses argumentan que los productos agrícolas de Mercosur (principalmente carne y cereales) no están sujetos a los mismos estándares ambientales, sanitarios y laborales que los europeos. Esto se traduce en un costo de producción mucho más bajo para los países sudamericanos, creando un riesgo financiero directo para el sector primario de la UE.
Desde una perspectiva económica y crítica, la intransigencia de Francia no solo genera una tensión interna dentro de la UE, sino que también implica un alto costo de oportunidad. La ratificación del acuerdo abriría un mercado de más de 260 millones de personas, lo que beneficiaría a los sectores europeos de maquinaria, farmacéutica y automoción, que buscan ansiosamente eliminar los altos aranceles de Mercosur.
Además, el rechazo de Francia se ampara en la cláusula de deforestación. París exige garantías estrictas de que los productos de Mercosur no provengan de tierras deforestadas ilegalmente, un intento de vincular la política comercial con la agenda climática. El desafío pendiente es encontrar un punto de equilibrio entre la defensa del sector agrícola y el potencial de crecimiento del comercio que el acuerdo promete.
