La tensión por la remuneración ejecutiva en el Reino Unido se ha disparado después de que un plan de pago en la entidad que gestiona la marca Debenhams fuera implementado sin someterlo a la votación de los accionistas. El principal inversor, Frasers Group, propiedad de Mike Ashley, condenó públicamente la medida, tachándola de «absoluta vergüenza» y un claro abuso de la gobernanza corporativa.
La práctica de evitar el proceso de «say on pay» (voto consultivo sobre salarios) es vista por los inversores como un intento de la junta directiva de eludir el escrutinio sobre el tamaño y los criterios de los paquetes salariales de los directivos. Esta falta de transparencia mina la confianza en la dirección de la empresa en un momento crucial, donde los inversores exigen mayor alineación entre el desempeño de la compañía y el bolsillo de sus líderes.
Desde una perspectiva crítica, el movimiento de la junta directiva es un desafío directo al principio fundamental de los derechos de los accionistas. La remuneración ejecutiva es uno de los pocos temas corporativos sobre los que los inversores minoritarios pueden ejercer influencia directa. Al imponer el plan salarial, la dirección no solo ignora la voz del mercado, sino que también aumenta el riesgo reputacional y el descontento de los principales tenedores de acciones.
La polémica de Debenhams (o su entidad controladora) refuerza el debate sobre la regulación de las retribuciones en el mercado británico. El caso sienta un precedente negativo que podría alentar a otras empresas a adoptar tácticas similares para evitar la crítica, comprometiendo la calidad de los estándares de gobernanza en Londres.
