El gobierno alemán, bajo el canciller Friedrich Merz, ha logrado adoptar un plan crucial para estabilizar el sistema de pensiones hasta 2045. La decisión se produce después de un intenso debate interno que generó un conato de rebelión dentro de las filas del partido gobernante, poniendo en riesgo la mayoría parlamentaria y la agenda de reformas económicas de la coalición.
El plan responde a la presión demográfica inminente. El envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom amenazan con desequilibrar las finanzas de la seguridad social, elevando el riesgo fiscal y la necesidad de aumentar las contribuciones o recurrir a la deuda.
El núcleo del plan se basa en la creación de un mecanismo de capitalización financiado por deuda que se inyectará en un fondo soberano (similar al modelo noruego). Este fondo se utilizará para complementar el sistema de reparto tradicional a partir de 2035. La medida busca garantizar que el nivel de la pensión se mantenga estable y que las cotizaciones de los trabajadores no se disparen.
Desde una perspectiva crítica, la reforma es una solución de compromiso con un riesgo financiero palpable. Al optar por financiar el fondo inicial con deuda pública, el gobierno está trasladando el costo de la reforma a las futuras generaciones de contribuyentes. Si el rendimiento del fondo no cumple con las expectativas o si la economía se estanca, la presión sobre el presupuesto y la sostenibilidad de la deuda pública alemana se incrementará significativamente.
