La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha manifestado su respaldo a la imposición de aranceles a los vehículos importados desde China. Esta postura marca un punto de inflexión en la política comercial, donde el sector productivo presiona al gobierno para que adopte medidas de protección nacional frente a la creciente y agresiva competencia de las armadoras asiáticas.
El argumento central de la AMIA es doble: primero, la necesidad de proteger la inversión y el empleo en México, que son pilares de la economía nacional. Segundo, el riesgo de que la entrada masiva de vehículos chinos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC ponga en peligro la integración y competitividad del bloque de América del Norte. Las armadoras chinas, al utilizar a México como puerta de entrada al continente, podrían socavar los objetivos del tratado.
Desde una perspectiva crítica, la imposición de aranceles, aunque beneficia a los fabricantes establecidos en México (principalmente estadounidenses, europeos y japoneses), plantea varios riesgos económicos. El más inmediato es el impacto en el consumidor. La restricción de la oferta de vehículos chinos, a menudo más asequibles, podría resultar en un aumento de precios para el comprador final y una reducción en la diversidad de opciones del mercado.
Además, la medida podría interpretarse como un acto proteccionista que contraviene la postura de libre comercio que México ha defendido históricamente. El desafío del gobierno es encontrar un equilibrio que proteja a la industria estratégica nacional (y a las inversiones del nearshoring) sin caer en una guerra comercial que perjudique al consumidor y a la imagen de México como socio comercial abierto.
