Australia se prepara para aplicar una de las regulaciones más estrictas del mundo en materia de uso de redes sociales por parte de menores. A partir del 10 de diciembre, las plataformas deberán garantizar que sus usuarios tengan al menos 16 años o enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 33 millones de dólares estadounidenses) si no eliminan cuentas de menores. La medida alcanza a servicios como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads, Kick e incluso Twitch.
La supervisión recaerá en la oficina del Comisionado Australiano de Seguridad Electrónica (eSafety), que enviará notificaciones mensuales a las plataformas para que informen cuántas cuentas de menores han sido eliminadas. Si detecta incumplimientos sistemáticos, el regulador podrá pedir a un tribunal la imposición de la sanción máxima. El gobierno reconoce que los procesos de verificación pueden tomar días o semanas, pero insiste en que las empresas deberán demostrar que toman “medidas razonables” para hacer cumplir el límite de edad.
Las grandes tecnológicas ya han empezado a ajustar sus sistemas. Google desconectará de YouTube a toda persona menor de 16 años en Australia y determinará la edad usando los datos asociados a las cuentas de Google y otras señales. Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads, informó que eliminará cuentas sospechosas de pertenecer a menores y permitirá a usuarios afectados que sí tengan 16 o más años verificar su edad a través de Yoti Age Verification, con documentos oficiales o una videoselfie. En paralelo, organizaciones como el Digital Freedom Project han acudido al Tribunal Superior para intentar frenar la entrada en vigor de la ley.
Sin embargo, la implementación enfrenta cuestionamientos técnicos y sociales. Experiencias como la de una adolescente que burló en pocos minutos la verificación de edad de Snapchat usando una foto de su madre evidencian las limitaciones de los sistemas actuales. Un ensayo financiado por el gobierno concluyó que los principales métodos de verificación —documentos oficiales, inferencia por actividad en línea y evaluación facial— son técnicamente posibles, pero ninguno es infalible: los escaneos faciales pierden precisión justamente en el rango de edad cercano a los 16 años y el uso de identificaciones oficiales genera preocupaciones de privacidad frente a plataformas en las que muchos usuarios ya desconfían.
El debate no se limita a la viabilidad tecnológica. Especialistas en seguridad digital y derechos de la infancia advierten que una prohibición estricta podría empujar a niñas, niños y adolescentes hacia espacios más opacos y menos regulados de internet, como chats en sitios de videojuegos, plataformas marginales tipo Omegle o navegación sin cuenta en servicios como TikTok y YouTube, donde el filtrado de contenido es menor. También se prevé un aumento en el uso de VPN para eludir las restricciones, como ya ocurrió en otros países cuando se reforzaron los controles de edad para contenidos para adultos.
Del lado social y político, la norma responde a una fuerte presión de padres que han denunciado casos de ciberacoso extremo y daños a la salud mental de menores asociados al uso intensivo de redes sociales. El primer ministro Anthony Albanese presentó la ley como una respuesta directa a esas preocupaciones y como una forma de limitar la exposición de los adolescentes a algoritmos adictivos, contenidos violentos o sexualizados y desinformación. No obstante, exresponsables de protección de la infancia y más de un centenar de expertos firmaron una carta abierta cuestionando la estrategia: consideran que fijar un umbral rígido de 16 años, sin abordar a fondo la moderación de contenido y la educación digital, puede generar una falsa sensación de seguridad.
La decisión australiana se observa de cerca en otras jurisdicciones. Países como Malasia han anunciado planes para medidas similares, y autoridades en Europa y Nueva Zelanda han expresado interés en nuevos límites de edad y mayores obligaciones para las plataformas. El propio gobierno australiano reconoce que esta prohibición es solo un primer paso y que su siguiente objetivo es avanzar hacia un “deber de cuidado digital”, que obligue legalmente a las empresas a prevenir daños previsibles a sus usuarios. El resultado práctico de esta experiencia —si logra reducir sustancialmente la presencia de menores en redes o solo desplaza su actividad a otros entornos digitales— será clave para definir el futuro de la regulación tecnológica a nivel global.
