El gobierno de Japón ha negado categóricamente los informes mediáticos que sugerían que había rechazado una solicitud de la Unión Europea (UE) para cooperar en planes que implicaban el uso o monetización de los activos del Banco Central Ruso que han sido congelados. Esta desmentida se produce en un momento de intensas negociaciones entre el G7 sobre cómo utilizar los miles de millones de euros en activos rusos inmovilizados, principalmente en Europa.
La UE, impulsada por la necesidad de financiar la reconstrucción de Ucrania, ha estado explorando mecanismos para transferir los ingresos generados por estos activos al gobierno de Kiev. La cooperación con Japón es crucial, ya que el país asiático mantiene una cantidad significativa de reservas rusas inmovilizadas en sus instituciones financieras.
Desde una perspectiva crítica y de finanzas internacionales, la disputa se centra en el riesgo de crear un precedente legal. Mientras la UE busca formas de utilizar los ingresos sin confiscar el capital principal (para evitar violar el derecho internacional), cualquier movimiento percibido como una expropiación podría tener graves consecuencias.
El temor de Japón y otros miembros del G7 es que la confiscación o el uso de los fondos rusos desincentive a otros bancos centrales (especialmente en países no occidentales) a mantener sus vastas reservas de divisas en euros o dólares, acelerando la búsqueda de alternativas y socavando el sistema financiero global dominado por Occidente. La coordinación política es esencial para mitigar este riesgo.
