Un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirma la enorme disparidad en los ingresos fiscales entre sus miembros. Mientras que economías europeas como Dinamarca, Francia y Finlandia lideran el grupo con los niveles de recaudación más altos (a menudo superando el 40% del PIB), México se ubica persistentemente en la parte inferior de la tabla, con una tasa de ingresos fiscales muy por debajo del promedio de la OCDE.
Esta baja recaudación es un factor estructural que limita severamente la capacidad del Estado mexicano para financiar el gasto social, la infraestructura y la inversión productiva. La OCDE ha instado repetidamente a México a realizar una reforma fiscal integral para ampliar su base tributaria y reducir la informalidad económica, que evade grandes volúmenes de impuestos.
Desde una perspectiva crítica, la baja carga fiscal de México es un reflejo de su estructura económica y la debilidad institucional. El país depende en gran medida de los ingresos petroleros (históricamente) y de los impuestos indirectos (como el IVA), que tienden a ser regresivos. La falta de una recaudación robusta de impuestos sobre la renta y la propiedad dificulta el financiamiento de programas que promuevan la igualdad.
El dilema de México es cómo aumentar la recaudación sin frenar la inversión privada o imponer una carga excesiva a la clase media. La clave está en mejorar la eficiencia de la administración tributaria, combatir la evasión fiscal y utilizar los recursos adicionales para generar el crecimiento económico y social que justifique el aumento de la presión fiscal ante los ciudadanos.
