Geopolítica y Comercio
Cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos aceptó en septiembre analizar las impugnaciones de un grupo de pequeñas y medianas empresas (Pymes) estadounidenses y de 12 procuradores estatales en contra de la legalidad de los aranceles implementados por el gobierno de Donald Trump en base a la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia – conocida por sus siglas en inglés como IEEPA – se comprometió a tratar el asunto de manera expedita, debido al papel central que juegan los aranceles en la política de ese gobierno, lo que implicó comprometerse a dar su fallo antes de que termine el año. De lo contrario, la decisión se conocería hasta junio o julio.
El caso inició en mayo, cuando una empresa que vende material educativo importado en su mayoría de China, demandó al gobierno porque los aranceles elevaron a tal grado los precios que acabaron con la demanda y la compañía estaba a punto de quebrar. Le siguieron otras empresas, así como varios procuradores estatales argumentando que los aranceles habían ocasionado gastos adicionales en las familias de tal magnitud, sobre todo entre las de menores recursos, que estaban generando pérdidas significativas en sus niveles de bienestar, al tener problemas para pagar alimentos, medicamentos y otros productos considerados esenciales.
Se acordó que todas las demandas se atenderían como un solo caso y que sería la Corte de Comercio Internacional (CCI) la responsable, la que decidió por unanimidad en favor de los demandantes. El gobierno apeló inmediatamente ante una corte federal en Washington, la que volvió a fallar en agosto en favor de los demandantes, lo que llevó a que el Departamento de Justicia solicitara la intervención de la Suprema Corte, como última instancia.
A pesar de la contundencia de los veredictos emitidos por la CCI y por el tribunal de apelaciones, Trump espera que la decisión de la Suprema Corte le favorecerá porque seis de los nueve ministros fueron designados por el o por el presidente Bush. Sin embargo, luego de la presentación en noviembre de argumentos orales y por escrito, la reacción de la mayoría de los jueces hace esperar que el veredicto final favorezca nuevamente a los demandantes, en tanto que los abogados del Departamento de Justicia no lograron explicar las razones que permiten la aplicación de aranceles en base a la IEEPA, algo que nunca se había hecho en los casi 50 años de vigencia de esta ley.
En caso de que la Suprema Corte falle en contra del gobierno, éste tendrá que rembolsar a los importadores en Estados Unidos el monto de lo que hubieran pagado hasta ese momento por los productos gravados por los aranceles aplicados en base a la IEEPA. Estos aranceles son los que Trump aplicó a México, Canadá y China justificándolos por el tráfico ilegal de fentanilo y los llamados aranceles recíprocos con los que gravó los productos de unos 90 países. Se calcula que el rembolso representaría unos 168,000 millones de dólares, lo que equivale al 65% de la recaudación total por aranceles hasta el 9 de diciembre y aumentaría el déficit fiscal.
Trump sabe que es difícil que la suprema corte falle en su favor, pues ello implicaría un duro golpe a la división de poderes, en tanto que la constitución estadounidense indica que el congreso es el responsable del comercio internacional, por lo que si el presidente desea aplicar aranceles o cualquier otra sanción comercial en contra de otro país, debe consultar con el legislativo.
Un fallo en contra de la Suprema Corte no impedirá que Trump siga aplicando aranceles, sino que lo tendría que hacerlo de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Ley de Comercio, que establece que la aplicación o modificación de aranceles debe realizarse en base a una investigación del Departamento de Comercio, la que lleva entre tres y cinco meses.
Además, un veredicto en contra pondría en entredicho la promesa que hizo Trump a los granjeros de un cheque por dos mil dólares a mediados del próximo año, como compensación por la caída en las exportaciones de productos agrícolas, resultado de las represalias tomadas por China, Canadá y otros países.
Si la Suprema Corte sostiene la ilegalidad de los aranceles amparados por la IEEPA, permitirá a México y Canadá iniciar la renegociación del TMEC en condiciones menos desfavorables, aunque seguirían vigentes los gravámenes a productos e insumos específicos como el acero, aluminio y autopartes, por lo que se prevé que el fallo sea muy técnico y así minimizar las controversias políticas.
