Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este lunes 5 de enero ante un tribunal federal en Nueva York, en una audiencia de alrededor de 40 minutos que combinó trámite judicial con momentos de alto voltaje político. Maduro, quien portaba uniforme carcelario azul y naranja y llevaba grilletes, aprovechó el primer intercambio con el juez —cuando se le pidió confirmar su identidad— para presentarse como el “presidente de Venezuela” y afirmar que fue secuestrado tras ser capturado en su casa en Caracas. El juez le indicó que habría “un momento y un lugar” posterior para plantear esas afirmaciones.
El proceso se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo el juez Alvin K. Hellerstein. De acuerdo con lo reportado en la audiencia, tanto Maduro como Flores enfrentan cuatro cargos federales vinculados con tráfico de drogas y armas, y ambos se declararon no culpables. Maduro sostuvo ante la Corte que es inocente de lo que se le acusa. La defensa indicó que por ahora no solicitará libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante. La próxima audiencia quedó programada para el 17 de marzo.
Flores, según se observó en sala, presentaba hematomas en el rostro y un abogado atribuyó esas marcas al momento de la detención. La comparecencia también tuvo un episodio de tensión al cierre: un asistente le gritó a Maduro en español que “pagaría” por lo que había hecho; el exmandatario se volteó para responder que es un “presidente secuestrado” y un “prisionero de guerra”, antes de salir escoltado.
El caso ocurre después de la captura reportada el 3 de enero, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump, y con Maduro recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Mientras el expediente avanza en Estados Unidos, en Caracas se instaló la Asamblea para un nuevo periodo legislativo, un recordatorio de que el frente interno venezolano sigue en movimiento pese a la sacudida internacional.
Más allá de la sala, el efecto geopolítico es inmediato: un proceso penal en Nueva York coloca la crisis venezolana en el terreno judicial estadounidense, con impactos potenciales en la presión diplomática, la narrativa de legitimidad y la reacción de actores regionales y globales conforme se fijen las siguientes etapas del juicio.
