El gobierno federal informó que, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Estado ha recuperado mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil hectáreas. El dato fue dado a conocer por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
De acuerdo con el funcionario, la revisión de estos títulos de concesión responde a una instrucción directa de la presidenta para identificar aquellos casos donde no existe actividad de exploración, no se han cubierto los derechos correspondientes o las concesiones se mantenían con fines meramente especulativos. La medida, explicó, busca evitar el uso indebido de bienes que pertenecen a la nación.
José Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, detalló que el proceso de recuperación ha sido continuo y se ha enfocado en impedir que las concesiones sean retenidas sin actividad productiva. Señaló que se ha privilegiado el diálogo con las empresas del sector para lograr la devolución voluntaria de los títulos, mediante acuerdos entre las partes. Según indicó, ha existido disposición por parte de la industria para avanzar en este esquema.
Un dato relevante es que, dentro de las concesiones recuperadas, se encuentran aproximadamente 250 mil hectáreas ubicadas en áreas naturales protegidas. Este punto introduce una dimensión ambiental al proceso, ya que implica la revisión del uso de terrenos con algún nivel de resguardo ecológico.
El anuncio se enmarca en una política de revisión de concesiones que busca reforzar el control del Estado sobre los recursos minerales. La recuperación de estos títulos puede tener implicaciones tanto económicas como ambientales. Por un lado, redefine el acceso y aprovechamiento de territorios con potencial extractivo; por otro, plantea un reordenamiento en zonas donde no se habían desarrollado proyectos o donde existían pendientes administrativos.
Con esta información, el gobierno federal sostiene que se trata de una acción orientada a garantizar que las concesiones mineras cumplan con su propósito productivo y no permanezcan inactivas o sujetas a prácticas especulativas.
