La confianza en el gobierno federal alcanzó 54% entre la población mexicana, una cifra superior al promedio de 39% registrado en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así lo informó la Secretaría Anticorrupción tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional.
El mismo informe internacional asignó a México 27 puntos —uno más que en 2024— y ubicó al país en la posición 141 de 182 naciones evaluadas. Este contraste entre la medición de percepción de corrupción y los niveles de confianza institucional fue subrayado por la dependencia federal, que consideró necesario contextualizar los resultados.
De acuerdo con la Secretaría, el IPC se construye principalmente a partir de la opinión de empresarios, analistas de riesgo financiero y especialistas, tomando como referencia fuentes como el Foro Económico Mundial, Standard & Poor’s Global y la revista The Economist. Bajo esa lógica, la evaluación responde a la visión de sectores específicos y no necesariamente a una medición directa de la experiencia ciudadana en su conjunto.
Frente a ello, la autoridad federal señaló que existen encuestas con representatividad nacional que muestran una evolución distinta en la percepción pública. Según la dependencia, en los últimos años se ha observado una reducción gradual en la experiencia directa de actos indebidos y un incremento en la confianza hacia las instituciones, particularmente hacia el gobierno federal.
En ese sentido, la Secretaría Anticorrupción planteó que podría estarse generando una “desconexión” entre la opinión de ciertas élites económicas y financieras y la percepción del resto de la población. Este punto abre un debate relevante en el ámbito institucional: mientras los indicadores internacionales continúan ubicando a México en posiciones rezagadas en materia de corrupción, los datos de confianza interna sugieren un fortalecimiento de la legitimidad gubernamental ante la ciudadanía.
El contraste no es menor. Por un lado, el IPC mantiene a México en una posición baja dentro del ranking global; por otro, los niveles de confianza reportados superan el promedio de los países desarrollados que integran la OCDE. La discusión, por tanto, no sólo gira en torno a cifras, sino también sobre qué mediciones reflejan con mayor precisión la realidad institucional y social del país.
En un contexto político donde la percepción pública influye en la estabilidad y en la gobernabilidad, estos indicadores se convierten en un referente clave para evaluar el desempeño del Estado y el impacto de las políticas anticorrupción.
