La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se originó por desacuerdos relacionados con posibles modificaciones a los libros de texto gratuitos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el diferendo surgió a partir de propuestas para ajustar contenidos en los materiales educativos, particularmente con la intención de incorporar a más mujeres que han tenido un papel relevante en la historia de México. La sugerencia fue planteada por la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, como parte de un proceso de revisión y mejora.
Sheinbaum defendió el trabajo realizado bajo el modelo de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que —según expuso— promueve el análisis crítico de la información y el trabajo colaborativo. No obstante, subrayó que los contenidos educativos pueden y deben perfeccionarse con el tiempo. En ese contexto, indicó que Arriaga no estuvo de acuerdo con realizar cambios en los libros, lo que derivó en diferencias internas.
Para evitar que el conflicto escalara, la presidenta señaló que se le plantearon alternativas para continuar colaborando dentro del gobierno federal, entre ellas la posibilidad de ocupar un consulado. También descartó que se emprendan medidas administrativas en su contra y expresó confianza en que la situación se resolverá sin mayores consecuencias.
El episodio ocurre en un momento en que los libros de texto gratuitos siguen siendo un eje central de la política educativa. Al tratarse de materiales distribuidos a nivel nacional, cualquier ajuste en su contenido tiene implicaciones institucionales y sociales. La discusión sobre su elaboración no solo involucra criterios pedagógicos, sino también definiciones sobre representación histórica y enfoque formativo.
La postura del Ejecutivo enfatiza que los libros no pertenecen a una sola persona, sino que forman parte de un proyecto más amplio que puede ser revisado y mejorado. Con ello, el gobierno busca mantener continuidad en su política educativa, al tiempo que introduce ajustes en función de nuevas propuestas dentro de la propia administración.
