La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma para avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas implique reducción salarial o aumento encubierto de horas extra, luego de que el Senado aprobara el cambio constitucional que permitirá modificar el marco legal en materia de trabajo.
Durante la conferencia presidencial, la mandataria señaló que en torno a la reforma se ha difundido información incorrecta que advierte supuestas afectaciones económicas para los trabajadores. Afirmó que es falso que la disminución de la jornada semanal vaya acompañada de recortes salariales o de un incremento obligatorio en tiempo extra. Según explicó, la iniciativa forma parte de un proceso de fortalecimiento de los derechos laborales en el país y no representa un retroceso en las condiciones de empleo.
Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, detalló que, al tratarse de una reforma constitucional, aún debe ser avalada por la Cámara de Diputados y posteriormente por los congresos estatales. Una vez concluido ese proceso, se deberán abordar ajustes específicos en la Ley Federal del Trabajo para establecer con claridad los mecanismos de implementación.
La aprobación en el Senado contó con el respaldo de 121 de los 128 legisladores. Sin embargo, siete senadores del PRI y del PAN se ausentaron de la votación, pese a que previamente habían manifestado respaldo a la reforma. Sheinbaum cuestionó esa ausencia y consideró que refleja una postura ambigua frente a la ampliación de derechos laborales.
El avance hacia la jornada de 40 horas representa un cambio estructural en el marco constitucional mexicano. De concretarse en todas sus etapas legislativas, implicará una redefinición formal del tiempo de trabajo semanal en el país. El proceso aún requiere consenso en otras instancias legislativas, por lo que su implementación dependerá de la aprobación en los congresos locales y de la adecuación de la legislación secundaria.
En el plano institucional, el debate se centra ahora en la armonización normativa y en los detalles técnicos que permitirán aplicar la reforma sin afectar el ingreso de los trabajadores ni generar distorsiones en las relaciones laborales. Por el momento, el Ejecutivo sostiene que el objetivo es consolidar derechos sin comprometer la estabilidad económica de quienes dependen de su salario.
