Las primeras ministras de Italia, Giorgia Meloni, y Dinamarca, Mette Frederiksen, endurecieron este lunes su posición sobre la política migratoria europea al rechazar la “inmigración descontrolada” y reclamar la creación de centros de repatriación en terceros países, además de un aumento de las expulsiones.
En un comunicado conjunto difundido en redes sociales, ambas dirigentes defendieron que los Estados europeos deben recuperar mayor capacidad para ejecutar las decisiones de retorno de personas que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea, la propuesta contempla utilizar centros fuera del territorio comunitario y extender a otros países un esquema similar al impulsado por Italia con Albania.
Meloni y Frederiksen reconocieron que su alianza puede resultar inusual debido a sus diferencias políticas; la primera ministra italiana encabeza un gobierno de derecha y la danesa pertenece al Partido Socialdemócrata, sin embargo, señalaron que comparten el objetivo de “defender Europa” y que la migración es uno de los ámbitos en los que han encontrado mayor coincidencia.
El comunicado vincula la inmigración irregular con problemas de seguridad y servicios públicos, las dos mandatarias afirmaron que no pueden ignorarse efectos como el aumento de la criminalidad, el narcotráfico y las agresiones sexuales, y utilizaron esos argumentos para reclamar “más expulsiones”sosteniendo que las personas que llegan a Europa deben respetar sus leyes y valores.
La declaración incorpora además una dimensión cultural donde Meloni y Frederiksen afirmaron que están orgullosas del patrimonio cultural de Europa y que quienes se establezcan en sus países deben respetar los valores europeos, por lo que la posición se extiende del debate migratorio, el control fronterizo y las deportaciones hacia temas como la integración y la identidad cultural.
La propuesta de centros de repatriación llega después de que las instituciones comunitarias avanzaran en una nueva regulación sobre retornos. En junio, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para acelerar los procedimientos de devolución de personas que permanecen irregularmente en el bloque.
Las nuevas reglas permiten establecer “centros de retorno” en terceros países mediante acuerdos con los Estados anfitriones y exigen que estos respeten los derechos humanos y el principio de no devolución.
El modelo italiano con Albania se ha convertido en un referente central dentro de esta discusión política, en mayo de 2026, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó la Declaración de Chisináu, un documento político que aborda la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en materia migratoria y la cooperación con terceros países; posteriormente, en junio de 2026, Meloni y Frederiksen promovieron una carta firmada por líderes europeos para pedir a la UE una aceleración de las normas sobre retornos y la exploración de centros conjuntos de repatriación fuera del territorio comunitario.
El nuevo comunicado no identifica qué países africanos podrían albergar instalaciones de este tipo ni presenta un calendario para ponerlas en marcha y tampoco constituye por sí mismo una propuesta legislativa o un acuerdo institucional de la Unión Europea.
Se trata, por ahora, de una posición política conjunta que busca reforzar el debate europeo sobre expulsiones y cooperación con terceros países, la declaración se produce en un clima de renovada tensión sobre el control de las fronteras exteriores y la gestión migratoria en el entorno internacional, acentuado tras los recientes episodios vividos en puntos clave como Ceuta.
Con este contexto, Meloni y Frederiksen colocan nuevamente los retornos y los centros fuera de Europa en el centro de la discusión migratoria, la propuesta deberá traducirse en acuerdos concretos con terceros países y aplicarse bajo las salvaguardas previstas por la legislación europea si pretende pasar de una declaración política a una política operativa.
