La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles en su conferencia matutina los resultados de la Encuesta Nacional Audiencias y Redes Sociales de agosto de 2026, elaborada por De las Heras Demotecnia, en la que el 79% de los consultados respondió que el gobierno debe sancionar a los medios de comunicación que busquen engañar a las audiencias con información falsa. La mandataria aclaró de inmediato que esa cifra no representa una propuesta de su administración.
«Ni siquiera nosotros estamos proponiendo sancionar por dar noticias falsas, no lo hemos propuesto, porque el derecho de las audiencias lo único que dice es ‘pon tu código de ética y ten un defensor de las audiencias y recibe quejas’, eso es lo que dicen los lineamientos y la ley en esencia», explicó Sheinbaum ante los resultados del estudio. La encuesta forma parte de un ejercicio que, según explicó la presidenta, realizan distintas empresas de demotecnia para medir la opinión ciudadana sobre los temas debatidos en la conferencia matutina, y en el último mes destacaron la discusión sobre el uso excesivo de redes sociales y el derecho de las audiencias.
El estudio incluyó una segunda pregunta sobre si es importante que los programas de radio y televisión distingan con claridad cuándo transmiten una noticia, cuándo una opinión del comunicador y cuándo un contenido pagado o publicitario. El 64% de los encuestados calificó ese punto como relevante. Una tercera pregunta, sobre la propuesta de regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales, obtuvo un respaldo del 86% entre quienes la consideraron muy importante o algo importante, cifra que la presidenta calificó como reflejo de la preocupación de madres y padres de familia por ese tema.
La aclaración de Sheinbaum se produce en un contexto de debate abierto sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y actualmente en consulta pública. Según ese planteamiento, cada concesionario de radio y televisión, público o privado, deberá contar con un defensor de las audiencias designado por el propio medio, no por el gobierno. Días antes, el 31 de julio, la presidenta ya había precisado en Palacio Nacional que las eventuales sanciones por incumplimiento de esos lineamientos se aplicarían únicamente por la negativa de una empresa a nombrar a ese defensor, y no por el contenido difundido por el medio o por el trabajo de algún comunicador en particular.
Sheinbaum insistió en que la confusión sobre el alcance de los lineamientos ha derivado en campañas que los presentan como un mecanismo de censura, algo que rechazó de manera explícita. «De ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación», señaló durante la conferencia del 31 de julio, al insistir en que la propuesta se limita al derecho de las audiencias a distinguir entre información, opinión y publicidad.
Durante la presentación de este miércoles, la presidenta subrayó que interpreta los resultados de la encuesta como una muestra de que la ciudadanía respalda mecanismos de rendición de cuentas hacia los medios de comunicación, más allá de la posición oficial de su gobierno sobre las sanciones. La consulta pública de los lineamientos de la CRT continúa abierta, y será en esa etapa donde se definan los alcances finales de las obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, así como los criterios específicos que se aplicarán para evaluar el cumplimiento del código de ética y la actuación del defensor de las audiencias en cada empresa.
