La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este lunes la intervención de Estados Unidos en asuntos de seguridad de México y colocó a Sinaloa como el principal ejemplo de las consecuencias que, según su interpretación, tuvo una operación estadounidense sobre el equilibrio interno de una organización criminal.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum retomó la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos, y sostuvo que el traslado del capo provocó una ruptura dentro del Cártel de Sinaloa que derivó en una disputa entre facciones. “Sinaloa es una demostración que el injerencismo, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos”, afirmó.
La Presidenta señaló que antes de la captura la entidad registraba menos de un homicidio diario y que después comenzó un incremento de la violencia. La relación que estableció corresponde a su interpretación política y no a una determinación judicial que atribuya a Estados Unidos responsabilidad por los delitos posteriores.
La captura que antecedió a la crisis
Zambada fue detenido al llegar a territorio estadounidense junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El Gobierno mexicano ha sostenido que no participó en la operación. Estados Unidos afirmó después que Guzmán López se entregó voluntariamente y que Zambada fue llevado contra su voluntad.
Tras la captura, la disputa entre Los Chapitos, vinculados con los hijos de Guzmán, y La Mayiza, relacionada con Zambada, comenzó a reflejarse en enfrentamientos en Sinaloa desde septiembre de 2024. Desde entonces, la entidad ha registrado una crisis marcada por homicidios, desapariciones y enfrentamientos entre grupos criminales.
El propio Gobierno federal ha reconocido que la violencia persiste, aunque reporta una disminución respecto de los niveles registrados al inicio de la administración. En agosto de 2026, la Presidencia informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa había disminuido casi 45 por ciento respecto de junio de 2025. La reducción de ese indicador no significa que la crisis haya terminado.
La situación también ha provocado un despliegue permanente de fuerzas federales. En septiembre, el Gobierno federal informó de nuevos refuerzos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Defensa, con más de 20 mil elementos federales desplegados en la entidad.
Cooperación con EU, pero bajo control mexicano
La crítica de Sheinbaum no implica suspender la cooperación con Estados Unidos. La Presidenta insistió en que México puede recibir información de otros gobiernos y coordinar investigaciones, pero sostuvo que las acciones dentro del territorio nacional deben realizarse mediante las instituciones mexicanas.
La frase que resume su posición es “coordinación, sin subordinación”. El planteamiento diferencia cooperación bilateral de intervención unilateral. Para el Gobierno mexicano, compartir inteligencia puede contribuir a combatir a las organizaciones criminales, pero la ejecución de investigaciones, órdenes judiciales y operativos corresponde a las autoridades nacionales.
La discusión ocurre mientras Estados Unidos mantiene presión sobre México por el tráfico de drogas. Washington también ha planteado la necesidad de perseguir redes financieras y posibles vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios públicos. México, por su parte, ha defendido que cualquier investigación debe sustentarse en pruebas y desarrollarse conforme al marco jurídico nacional.
En el caso de Sinaloa, Sheinbaum utiliza la captura de Zambada para sostener que una intervención externa puede alterar el equilibrio de una organización criminal y generar consecuencias que después recaen sobre la población. Sin embargo, esa explicación no elimina otros factores relacionados con la violencia, como las decisiones de las propias facciones criminales, su capacidad territorial y las condiciones de seguridad existentes en el estado.
El Gobierno federal mantiene operaciones de inteligencia, investigación y despliegue territorial en Sinaloa, mientras la administración estatal enfrenta la presión de recuperar la seguridad y la confianza de la población. La controversia con Estados Unidos, por tanto, no se limita al origen de la crisis: también define los límites que México pretende establecer para la cooperación internacional en materia de seguridad.
