El Senado aprobó este martes la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Con 86 votos a favor y 42 en contra, la Cámara alta avaló la minuta que había aprobado la Cámara de Diputados una semana antes y la envió a los congresos estatales para continuar el procedimiento.
La modificación toca los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad. En caso de contar con una segunda ciudadanía, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatura.
La regla no se queda en el momento de la postulación. El texto también señala que, durante el ejercicio de la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, la persona titular no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de esa ciudadanía ni acogerse a su protección diplomática.
La reforma fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por Diputados el 22 de septiembre, después de más de diez horas de discusión. En esa Cámara obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general; en lo particular fueron 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención.
La doble nacionalidad queda en el centro del debate
El Senado aprobó la reforma sin modificar la minuta, pero el debate volvió a concentrarse en la situación de los mexicanos que tienen una segunda nacionalidad. La oposición sostuvo que la medida introduce una restricción para acceder a cargos de elección popular y cuestionó sus efectos sobre los derechos políticos de quienes viven fuera del país.
Durante la discusión, el senador panista Francisco Ramírez Acuña defendió la doble nacionalidad como un derecho reconocido desde la reforma constitucional de 1998 y rechazó que tener una segunda ciudadanía deba convertirse en un impedimento para competir por un cargo ejecutivo.
Del lado de Morena y sus aliados, la reforma fue defendida como una medida vinculada con la soberanía y con las condiciones que deben cumplir quienes encabecen los poderes ejecutivos. El texto aprobado no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general; la restricción se dirige específicamente a quienes busquen estos tres cargos.
Ese punto marca una diferencia importante. Una persona mexicana podrá conservar su doble nacionalidad, pero si pretende competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno tendrá que cumplir con las nuevas condiciones establecidas en la Constitución.
La reforma todavía necesita completar su recorrido
La aprobación del Senado no significa que las nuevas reglas entren en vigor de inmediato. Al tratarse de una modificación constitucional, el decreto debe ser aprobado por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México antes de continuar con las etapas finales de publicación y entrada en vigor.
Los artículos transitorios establecen además que el Congreso de la Unión deberá adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Las entidades federativas tendrán el mismo plazo para armonizar sus constituciones y leyes electorales.
El régimen transitorio prevé que la reforma se aplique a partir del proceso electoral de 2028. Esto coloca las nuevas reglas frente a los próximos procesos para renovar cargos ejecutivos estatales y, posteriormente, la Presidencia de la República.
Con el voto del Senado, la iniciativa supera una de las etapas principales del procedimiento, pero todavía no se convierte en una norma constitucional vigente. Su siguiente paso dependerá de los congresos locales y de que se cumplan las condiciones previstas para su publicación y aplicación.
