México se encuentra en medio de una polémica reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa, que busca permitir la elección de jueces y magistrados por voto popular, ha desencadenado una huelga de jueces, ministros y trabajadores del sector, además de generar tensiones con Estados Unidos y desconfianza en los mercados financieros.
La reforma, que se encamina a ser aprobada gracias a la mayoría legislativa del gobierno, propone que jueces y magistrados sean elegidos directamente por los ciudadanos. Este cambio, respaldado por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, también incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y la creación de un nuevo órgano supervisor para combatir la alta tasa de impunidad en el país.
Sin embargo, la propuesta ha sido duramente criticada. Opositores y trabajadores del Poder Judicial advierten que la reforma podría politizar la justicia, eliminando la meritocracia en el ascenso de jueces. Además, especialistas señalan que la reforma no aborda problemas fundamentales como la ineficiencia de las fiscalías y la corrupción en los cuerpos policiales, lo que pone en duda su eficacia para mejorar el sistema judicial.
En el ámbito internacional, Estados Unidos ha expresado su preocupación por los riesgos que esta reforma representa para la democracia y la estabilidad económica, advirtiendo que podría afectar el acuerdo comercial T-MEC. Estas declaraciones fueron rechazadas por López Obrador, quien las calificó de injerencistas. Los mercados, por su parte, han reaccionado negativamente, con una depreciación significativa del peso mexicano y revisiones a la baja en las previsiones de crecimiento económico para el país.
