El descubrimiento de tres hornos crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco, ha generado indignación y preocupación entre colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos e instituciones educativas, quienes denuncian una crisis humanitaria y la impunidad con la que opera el crimen organizado en la región.
Organizaciones como Artículo 19, Data Cívica y Fundar señalan que estos hallazgos confirman un patrón de violencia extrema en Jalisco, donde se han registrado al menos 70 desapariciones en la Central Camionera de Guadalajara hasta septiembre de 2024. Muchas de las víctimas, en su mayoría jóvenes, habrían sido reclutadas a la fuerza tras ser engañadas con falsas ofertas de trabajo.
Las denuncias también apuntan al Estado, al que acusan de permitir estas prácticas al no investigar ni sancionar a los responsables, pese a contar con denuncias previas e indicios claros. Además, acusan a las autoridades de actuar en complicidad o de ignorar la existencia de estos centros de exterminio, lo que ha agravado el contexto de impunidad en el país.
Desde 2019, Jalisco encabeza la lista de estados con más desapariciones en México, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda reportó que uno de cada cuatro cuerpos recuperados en fosas clandestinas en el país correspondía a Jalisco.
En protesta, colectivos de madres buscadoras han convocado a un día de luto nacional el 15 de marzo, bajo la consigna «contra el horror y el infierno». La iniciativa, impulsada por Huellas de la Memoria y la Red Regional de Familias Migrantes, incluye una vigilia en el Zócalo de la Ciudad de México a las 17:00 horas, donde exigirán que el gobierno federal asuma su responsabilidad y actúe de inmediato ante la crisis de desapariciones en el país.
