La Cámara de Diputados de México aprobó por abrumadora mayoría las modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, una iniciativa promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que amplía los permisos para portar armas en el país. Con 476 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el dictamen fue turnado al Senado para su análisis.
Entre los cambios más destacados se encuentra la autorización para que ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo puedan poseer en sus domicilios un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre. Además, se permite la portación de armas a trabajadores de áreas estratégicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banco de México (Banxico), Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el SAT.
La reforma contempla también que los ciudadanos puedan poseer armas autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su domicilio para fines de seguridad y legítima defensa. En cuanto a los militares, se les permite portar armas con la acreditación de su jerarquía, pero se les prohíbe usarlas en actividades privadas sin autorización oficial.
El dictamen modifica 59 artículos de la ley vigente y refuerza las sanciones por tráfico y uso ilegal de armas, con penas de hasta 30 años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Durante el debate, diputados de todas las bancadas coincidieron en la necesidad de actualizar el marco legal, aunque también reconocieron que aún hay áreas de mejora. El diputado morenista Luis Arturo Oliver Cen subrayó que se realizaron reuniones con la Sedena para garantizar la viabilidad de la reforma, mientras que su homólogo del PAN, César Israel Damián Retes, enfatizó que el Estado debe mantener el monopolio legítimo de la fuerza.
La propuesta representa un nuevo enfoque hacia la regulación de armas en México, al mismo tiempo que busca reforzar el control y castigo al crimen organizado, sin caer en una sobrerregulación para los ciudadanos que hacen uso legal de armamento.
