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Exrelatores alertan: libertad de expresión en México está peor que en 2010

Expertos de la ONU y CIDH advierten retrocesos graves en México por espionaje, censura y debilitamiento institucional.

A quince años de sus primeras observaciones, exrelatores de organismos internacionales han lanzado una seria advertencia: la situación de la libertad de expresión en México ha empeorado. En el foro “Libertad de Expresión, derechos digitales y acceso a la información en México”, David Kaye, exrelator especial de la ONU, aseguró que el escenario actual es más preocupante que en 2010, cuando comenzaron a documentarse violaciones sistemáticas a este derecho.Kaye señaló que problemas estructurales como la violencia contra periodistas, la vigilancia ilegal mediante el software Pegasus, y la falta de independencia tanto de medios como de instituciones públicas, se han intensificado.

En su opinión, ya no se trata solo de agresiones aisladas, sino de un debilitamiento institucional generalizado que compromete al Poder Judicial, la Fiscalía y los organismos de acceso a la información.Catalina Botero, exrelatora de la CIDH, coincidió en que la situación ha retrocedido drásticamente. Recordó que desde su visita oficial a México en 2010 ya existía preocupación, pero subrayó que hoy la concentración de poder es más evidente. “Siete instituciones autónomas fueron disueltas; al menos dos de ellas tenían facultades clave para proteger la libertad de expresión, y ahora están bajo control del Poder Ejecutivo”, advirtió.En paralelo, la reciente iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum generó temores sobre censura digital.

No obstante, el director de R3D, Luis Fernando García, reconoció que la presidenta pidió públicamente eliminar el polémico artículo 109, el cual permitiría bloquear plataformas digitales. “Es positivo que la presidenta haya sido clara, pero ahora corresponde al Congreso actuar”, sostuvo.A pesar de esta señal de apertura, expertos insisten en que la libertad de expresión en México enfrenta riesgos estructurales. La exigencia es clara: se necesita una defensa activa y sostenida tanto por parte del gobierno como de los organismos autónomos para revertir una tendencia que ya se percibe como regresiva.

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