Organizaciones civiles identificaron al menos cinco congresos estatales con iniciativas que obligarían a plataformas digitales a censurar u ocultar contenidos etiquetados como “ofensivos” sin definir con claridad los criterios de evaluación, lo que podría dar lugar a restricciones arbitrarias y prácticas de autocensura entre usuarios y periodistas.
Periodistas y defensores de derechos humanos han recibido amenazas y bloqueos de cuentas en redes sociales tras publicar investigaciones sobre funcionarios locales, lo que evidencia un entrometimiento creciente de autoridades en la regulación del discurso público. Solicitan que la Cámara de Diputados revise los proyectos para garantizar protección informativa.
Expertos en libertad de prensa advierten que estas medidas podrían vulnerar garantías consagradas en la Constitución, generando un ambiente de riesgo para el ejercicio periodístico. Exhortan al Ejecutivo federal a emitir lineamientos claros que fortalezcan la transparencia y eviten la estigmatización de medios independientes.
