El Comité de Finanzas del Senado está trabajando contrarreloj para evaluar la viabilidad de la propuesta de ley fiscal del expresidente Trump, con el objetivo de que sea aprobada antes del 4 de julio. A pesar de que los senadores han regresado a sus estados, la presión de la Casa Blanca y del líder de la mayoría del Senado, John Thune, es constante para lograr el apoyo republicano. Se espera que los asesores del Senado finalicen los procedimientos necesarios este fin de semana, mientras los demócratas preparan sus propios argumentos para impugnar hasta 60 disposiciones del texto.
Esta ambiciosa iniciativa busca no solo consolidar las finanzas federales, sino también implementar recortes significativos en programas sociales clave y reducir incentivos fiscales. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la reconfiguración de Medicaid, con la propuesta de establecer requisitos laborales obligatorios para adultos sin dependientes, y la eliminación gradual de subsidios fiscales para energías limpias. La administración de Trump, junto con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confía en que la urgencia de la fecha límite impulse a los republicanos a alinearse, tal como sucedió el mes pasado en la Cámara Baja.
Sin embargo, persisten obstáculos importantes, especialmente en los recortes al gasto de Medicaid y la derogación de los créditos de energía limpia de la Ley de Reducción de la Inflación. Estas medidas generan inquietud no solo entre los senadores, sino también entre la ciudadanía, por el potencial aumento de la deuda pública y sus consecuencias económicas a largo plazo. Además, los recortes a Medicaid son un tema sensible que incluso algunos senadores republicanos no apoyan por completo. Las repercusiones de estos cambios podrían debilitar hospitales rurales y clínicas comunitarias, afectando la capacidad de los gobiernos locales para sostener sus sistemas de salud.
En el sector energético, la propuesta senatorial plantea la eliminación escalonada de subsidios a las energías limpias, lo que podría desacelerar la inversión y la creación de empleo, poniendo a Estados Unidos en desventaja frente a naciones que mantienen políticas activas de subsidios. Compañías de energía solar y fabricantes de vehículos eléctricos podrían enfrentar una reducción significativa en la demanda y mayores desafíos para mantener la rentabilidad. Si bien se mantienen algunas transferencias de créditos y beneficios para sistemas de almacenamiento de baterías, el impacto general en la industria, especialmente en el segmento residencial, es preocupante. La aprobación de esta reforma representaría un punto de inflexión que redefiniría el panorama regulatorio y financiero para empresas ligadas a programas públicos e incentivos fiscales.
