Un centenar de colectivos y familiares han expresado su rechazo a la reforma de la Ley General en materia de desaparición, argumentando que convierte a México en un estado de vigilancia masiva. El proyecto, promovido por el gobierno de Sheinbaum, plantea una Plataforma Única de Identidad que integraría CURP, huellas y fotos. Esta medida, según críticos, va más allá de la buscada y podría facilitar abusos.
Los opositores advierten que la reforma no fortalece las comisiones de búsqueda ni atiende la crisis forense: más de 72 000 cuerpos siguen sin identificar y hay ausencia de mecanismos efectivos para la localización de desaparecidos. Además, pondría bajo control del Centro Nacional de Inteligencia datos sensibles de millones de personas.
Organizaciones han solicitado un parlamento abierto y mejoras profundas, con enfoque en capacidades forenses y respaldo institucional, no solo tecnológico o burocrático. Denuncian que los supuestos aportes de colectivos no se reflejan en la propuesta final, lo que agrava su desconfianza.
Frente a esta presión social, el gobierno sostiene que la plataforma tendrá regulaciones estrictas, registro de accesos y mecanismos de notificación. No obstante, activistas alertan que sin mecanismos de supervisión reales, no habrá certeza de protección ciudadana
