Uber anunció este 16 de julio un incremento de hasta el 7 % en las tarifas que pagarán los usuarios, argumentando que es necesario para absorber los nuevos costos derivados de la reforma laboral que establece la seguridad social, aguinaldo, vacaciones e Infonavit para trabajadores de plataformas digitales. La compañía asegura que este ajuste no afectará las ganancias de los conductores, sino que servirá exclusivamente para financiar estos beneficios .
No obstante, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Profeco calificaron la medida como “unilateral e irresponsable”, indicando que rompe con los compromisos previos pactados con las plataformas y reclamando carencia de datos que fundamenten el aumento. La STPS advirtió que desplegará operativos en colaboración con la Profeco para investigar posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Paralelamente, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) cuestionó que Uber pretenda desviar la atención pública utilizando a los usuarios y a los mismos trabajadores como “rehenes” de un argumento político, y exigió a la plataforma actuar con transparencia y cumplir la ley. Desde su perspectiva, la medida persigue proteger la imagen corporativa en medio de la implementación de la reforma.
La decisión de Uber revela un choque evidente entre su modelo de negocio y las exigencias legales de la nueva regulación. Aunque la reforma es un avance histórico para garantizar derechos laborales, la estrategia de trasladar costos al consumidor sin presentar un análisis transparente vulnera el diálogo prometido. Las amenazas de operativos y la presión sindical anuncian una fase de tensiones que exigirá mayor responsabilidad y comunicación clara de las plataformas.
