La nueva administración del gobierno mexicano ha redoblado su apuesta en materia ambiental, estableciendo una meta ambiciosa de reducir al menos 212 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para lograr este objetivo, la Secretaría de Medio Ambiente ha propuesto un «doble paquete de políticas públicas» que incluye políticas sectoriales y el desarrollo de un sistema de comercio de emisiones (ETS). El ETS, que cubriría hasta el 30% del objetivo, es una herramienta clave que podría catalizar la inversión y crear un nuevo sector productivo en el país.
Sin embargo, el camino hacia esta transición económica no está exento de obstáculos. La ambiciosa meta de reducción de emisiones requiere una inversión masiva en nuevas tecnologías y proyectos de energía limpia, que hasta ahora no ha sido completamente garantizada. A pesar de que México tiene un gran potencial en energías renovables, su dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo una vulnerabilidad. La transición podría generar beneficios económicos, como la creación de empleos en sectores verdes y una menor dependencia de los precios volátiles del petróleo, pero también implica costos significativos de reconversión industrial.
El desafío para la economía mexicana no es solo técnico, sino también de política pública. Si bien los incentivos fiscales para la transición energética existen, su eficacia ha sido cuestionada, ya que en algunos casos benefician a los sectores de mayores ingresos. La implementación de un ETS debe ser transparente y eficiente para evitar la especulación y garantizar que los recursos se destinen a proyectos que realmente reduzcan las emisiones.
