El gobierno federal, encabezado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó una declaratoria nacional de “cero tolerancia” hacia las violencias dirigidas a adolescentes y jóvenes en el ámbito educativo. El anuncio se acompaña de 21 medidas que prohíben, entre otras conductas, el contacto físico sin consentimiento, condiciones sexuales en contraprestación por calificaciones o apoyo escolar y represalias disciplinarias a quienes rechacen dichos actos.
Delgado enfatizó que las escuelas deben constituirse en espacios seguros de vida y aprendizaje, donde las emociones se gestionen y no se repriman, integrándose temas de alfabetización emocional al currículo. Además, su intervención refuerza el compromiso de seguir protocolos obligatorios contra el abuso sexual y maltrato infantil en la educación básica.
No obstante, el discurso enfrenta retos reales de implementación. La declaratoria carece de presupuesto nuevo reportado públicamente y depende de la capacitación del personal educativo, así como de la vigilancia local. En la historia reciente del país, casos como el de estudiantes hospitalizados tras agresiones físicas o fallecimientos por bullying han evidenciado deficiencias en protocolos y respuesta institucional. Ante ello, el desafío central será articular mecanismos verificables de rendición de cuentas y corresponsabilidad con comunidades escolares.
En suma, aunque la iniciativa simboliza un avance en la retórica pública contra la violencia escolar, su éxito dependerá de recursos, supervisión y voluntad efectiva de las autoridades locales, no solo de decretos nacionales.
