El gobierno argentino reinstauró los impuestos a las exportaciones de granos y sus derivados luego de que se alcanzara el umbral de ventas establecido para mantener la suspensión tributaria. Bajo el decreto vigente, la eliminación era temporal y condicionada a que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzaran 7,000 millones de dólares o al plazo límite al 31 de octubre.
Apenas dos días después de activada la medida, la autoridad fiscal ARCA comunicó que el cupo se había agotado, lo que provocó la vuelta de gravámenes como el 26 % para la soja, 24.5 % para sus derivados y 9.5 % para el maíz. La decisión había sido impulsada como mecanismo para estimular la liquidación de dólares y reforzar las reservas ante la presión sobre el peso, pero terminó mostrando su condición de medida transitoria.
Aunque la suspensión generó un incremento inmediato en las ventas agroexportadoras —se registraron DJVE por unos 4,200 millones de dólares en un día, equivalente al 60 % del cupo anticipado— su vigencia fue efímera. El retorno abrupto de los impuestos alimenta la incertidumbre en los productores y exportadores del sector agrícola, que enfrentan un entorno fiscal volátil.
En conclusión, la medida revela tensiones estructurales entre el intento de atraer liquidez externa y la necesidad permanente de recaudar recursos internos. La naturaleza condicional de la suspensión tributaria muestra cómo las políticas de estímulo pueden revertirse con rapidez si no se conjugan con estabilidad normativa y confianza a largo plazo.
