En la sesión pública del miércoles 15 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó, a petición de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, posponer la discusión del expediente SUP-JG-103/2025. Éste corresponde a la impugnación interpuesta por la consejera Claudia Zavala ante un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE.
El proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera proponía desechar la impugnación, al considerar que el asunto no tiene naturaleza electoral y, por tanto, escaparía de la competencia del TEPJF. Fuentes sostiene que los actos reclamos derivan de una investigación administrativa y no electoral, por lo que correspondería que otras instancias atendieran la controversia.
Este caso surge de una polémica que data de 2021, cuando algunos consejeros votaron en favor de suspender la organización de la consulta de revocación de mandato, supuestamente por restricciones presupuestarias. A raíz de ello, diversas denuncias fueron reactivadas años después, y el OIC del INE abrió investigaciones administrativas contra quienes participaron.
La decisión de retirar el caso del orden del día fue aceptada por los demás magistrados presentes, sin que se ofreciera una explicación detallada al respecto. El aplazamiento indica que el asunto deberá revalorarse antes de que se reanude su discusión en la Sala Superior.
Este retraso plantea interrogantes sobre la línea institucional que seguirá el Tribunal ante casos donde la separación entre lo electoral y lo administrativo no es clara. También suscita expectativas sobre las posibilidades de que el TEPJF acepte evaluar decisiones de consejeros electorales cuando los actos impugnados se relacionan con funciones o votaciones vinculadas a competencias institucionales del INE.
