La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha lanzado una dura advertencia sobre la reforma a la Ley de Amparo recién aprobada por el Congreso: considera que el cambio representa un retroceso para la competitividadde México al debilitar la certeza jurídica y alterar reglas fundamentales de defensa legal.
Juan José Sierra, presidente de Coparmex, señaló que la modificación de más de 30 artículos no refuerza el Estado de derecho, sino que socava uno de sus pilares históricos: el juicio de amparo. Bajo la nueva norma, las empresas, en particular las pequeñas y medianas, podrán enfrentar embargos, cancelación de sellos digitales o bloqueos de cuentas antes de que un juez determine si la autoridad actuó conforme a la ley.
Uno de los elementos más preocupantes, según el sector empresarial, es la inclusión de un transitorio que habilita la aplicación de la reforma a casos en trámite, lo que implica una forma de retroactividad encubierta. Coparmex sostiene que esta medida vulnera principios constitucionales y transmite un mensaje adverso a inversionistas nacionales y extranjeros: las reglas pueden cambiar incluso en medio del juego.
En su evaluación, Coparmex advierte que sin certezas legales sostenibles, la inversión se retrae, el empleo se estanca y la confianza institucional se erosiona. La organización demanda que los legisladores introduzcan correcciones al dictamen, particularmente eliminando disposiciones retroactivas y fortaleciendo garantías de audiencia y control judicial antes de aplicar sanciones o embargos.
La reforma a la Ley de Amparo no solo es un asunto jurídico, sino un claro mensaje político sobre el equilibrio entre autoridad y derechos: según Coparmex, su diseño puede debilitar los contrapesos institucionales y reducir la capacidad de defensa legal de ciudadanos y empresas frente a actos arbitrarios del poder público.
